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Catedráticos hambrientos
Mar, 29/09/2009 - 20:11
Por Nicolás Lynch
Los profesores universitarios del Perú están en huelga. Esta debe ser la quinta o sexta huelga anual de los profesores de las universidades públicas desde el año 2003. Semejante situación llamaría a escándalo en cualquier país, pero en el Perú, donde la situación de la educación es un escándalo permanente, parece que ya nos hemos acostumbrado a esta huelga anual de más de 22,000 profesores que deja sin clases a 350,000 estudiantes en 35 universidades nacionales.
Los motivos de la huelga son harto conocidos: el mísero presupuesto que el Estado brinda a estas instituciones y la homologación de sueldos de los docentes con la que el mismo Estado no ha cumplido en los últimos 26 años. Décadas atrás se argumentaba que no había plata, pero en los últimos años con la multiplicación de los ingresos públicos esto ha dejado de ser argumento. Es más, en este mismo año la partida está consignada en el Presupuesto y existen sentencias judiciales y del TC para que los pagos se efectúen, pero el gobierno se niega hacerlo.
Hace dos años el presidente García tuvo la desfachatez de decir que podía cumplir con la homologación siempre y cuando los profesores fueran evaluados para saber quién merecía el pago. Como le aclaré en su momento, los profesores universitarios somos evaluados para ser nombrados, promovidos y ratificados en un complejo sistema con el que no cuentan otros niveles educativos. Ahora bien, que esta evaluación no funciona adecuadamente, como no funcionaría ningún sistema en estas condiciones, también es verdad, por la precariedad institucional en la que se desenvuelve la universidad pública.
Sin embargo, para remediar la precariedad, la Comisión de Educación del Congreso ha avanzado en un anteproyecto de ley universitaria con un alto grado de consenso entre las distintas bancadas que podría empezar a enfrentar este problema. Pero no existe hasta ahora la voluntad de aprobarlo como ley. Una vez más el perro del hortelano: ni paga lo que debe ni se esfuerza por aprobar un anteproyecto consensuado para enfrentar el fondo de la cuestión.
¿A qué juega García? A eliminar por hambre y desinterés la universidad pública, para que la demanda –ciertamente distorsionada– por educación superior la cubran quienes están interesados en la misma por negocio y no por servicio. Lo ocurrido en los últimos 10 años es una muestra de esta tendencia. Mientras avanza la estafa universitaria, el servicio público languidece. No permitamos que se termine con lo poco de universidad que queda en el Perú.
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